El amparo frente al poder: una línea que no debió cruzarse.

En México, el juicio de amparo ha sido durante más de siglo y medio la frontera última entre el poder y la persona. Nació como una creación liberal, inspirada en la convicción de que ningún acto de autoridad podía colocarse por encima de la Constitución ni del derecho fundamental de todo ciudadano a ser protegido contra el abuso. Su espíritu ha sido siempre el mismo: equilibrar la fuerza del Estado con la dignidad del individuo. Por eso, cualquier intento de debilitarlo no es una simple reforma técnica, sino un retroceso en la historia misma de nuestras libertades.

Las reformas recientes a la Ley de Amparo, impulsadas por la mayoría oficialista, parecen ignorar esa tradición. Bajo el argumento de “ordenar” el sistema judicial o de evitar la “dilación” de los procesos, se ha emprendido una operación política más profunda: reducir el alcance del amparo, restringir su acceso y volverlo un instrumento menos incómodo para el poder. El resultado previsible será un país con menos controles, menos garantías y, en consecuencia, más abusos.

El nuevo diseño normativo introduce una serie de obstáculos que rompen con la esencia del amparo. Exigir una “lesión actual y diferenciada” de los derechos de quien promueve el juicio —en lugar de admitir la inminencia o la amenaza de una violación al interés colectivo— significa cerrar la puerta a las comunidades o grupos vulnerables que no pueden esperar a que el daño sea consumado. En un país en el que la inequidad se traduce también en desigualdad jurídica, condicionar el acceso a la justicia equivale a reservarla para quienes tienen recursos para litigar.

Más grave aún es la redefinición del “interés público”. El texto reformado lo identifica con la conveniencia del Estado y no con el bienestar social. Esa simple alteración semántica subvierte el sentido del derecho: convierte al ciudadano en objeto y no en sujeto de la justicia. La autoridad pasa a ser el centro de protección, y el amparo —creado precisamente para contenerla— se transforma en su escudo.

Esta reforma tampoco puede entenderse de manera aislada. Forma parte de una secuencia de acciones orientadas a concentrar poder en el Ejecutivo y a debilitar el contrapeso judicial: la elección de ministros por voto popular, la reducción de la autonomía de los jueces, la eliminación de la suspensión general de leyes inconstitucionales… todo responde a una lógica común: la subordinación de la justicia al proyecto político de turno. Lo que está en juego no es una disputa partidista, sino el modelo constitucional de la República.

El efecto más tangible de estas medidas será el empobrecimiento del acceso a la justicia. Las personas más necesitadas —madres buscadoras, enfermos sin medicamentos, comunidades afectadas por megaproyectos, mujeres forzadas a abortar— dependerán de abogados costosos y trámites interminables para obtener un amparo que, en muchos casos, llegará demasiado tarde. El juicio que alguna vez simbolizó la protección inmediata del débil frente al fuerte se volverá un procedimiento remoto, inaccesible y lento: justo lo contrario de lo que sus creadores imaginaron.

No se trata de idealizar el pasado. El sistema de justicia mexicano requiere modernización, eficiencia y una revisión de su propio formalismo. Pero ninguna de esas metas justifica desmantelar su núcleo ético. El amparo no necesita ser domesticado por el poder; necesita ser fortalecido frente a él. Su función no es la de complacer al gobierno, sino la de incomodarlo cada vez que la autoridad se aparta del derecho.

Si el país permite que el juicio de amparo se degrade, perderá no sólo un instrumento procesal, sino una conquista civilizatoria. Porque el amparo no es un privilegio de juristas: es el grito institucional del ciudadano ante el abuso. Y cuando ese grito se silencia, el autoritarismo deja de ser una amenaza y se convierte en un hecho.

Parlamento cerrado

No faltan voces que anuncian que con la reciente iniciativa de reforma a la Ley de Amparo y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la Presidenta de la República pretende cerrar la pinza de la reforma judicial. Será una lástima si tal cosa ocurre sin un auténtico debate abierto a la experticia procesal, sin un Parlamento abierto como el que había anunciado el senador presidente de la Comisión de Justicia antes de ser parado en seco por un oficialismo que detenta amplias mayorías congresuales merced a la legalización de una artificiosa sobrerre- presentación.

Pero legalizar no es sinónimo de juridificar. Resulta perfectamente posible dotar de un ropaje legal, incluso de uno legolátrico, a algo que carece de lógica y operatividad jurídica, a algo que se desentiende de la búsqueda del bien común y aun de la de la Justicia en su sentido más elemental. Ocurrió ya con la independencia judiciaria, con la Justicia constitucional y con la separación equilibrada de los poderes. Cerrar la pinza autoritaria con armas procesa- les que se olviden del deber pro persona y pro dignitate que poseen las autoridades, muy en especial las judiciales, viene a confirmar obscuros recelos.

Se dice, con algo de verdad, que la reforma propuesta viene solamente a legalizar lo que subyacía a sendos cri- terios jurisprudenciales. ¿Y qué? Sorprende el argumento cuando se repara en que las estructuras judiciales fueron sustituidas de un tajo aduciendo precisamente la equivocación -e incluso la perversión- en sus prácticas y resolu- ciones. Muchas cosas se resolvieron erróneamente en el pasado. El legislador no está obligado a confirmar esas equivocaciones.

Tampoco está legitimado para desmontar lo resuelto en un sentido positivo. ¿A cuenta de qué se defiende la ini- ciativa de debilitar el interés colectivo hasta tornar imposible que se acuda al Amparo para defender derechos econó- micos, sociales, ambientales y culturales a menos que se haya sufrido un “agravio personal y directo”, ese principio individualista que resultó tan útil en pasados tiempos para aniquilar nuestro estado de bienestar?

¿En qué pensamiento “de izquierda” puede fundarse el confirmar la ralentización de la suspensión del acto re- clamado como instrumento garantista, con fundamento en la perversa meta de ejecutar irreparablemente el acto inconstitucional para tornar imposible su tutela? ¿U obligar a las personas a contratar carísimos servicios ya no legales sino legaloides con miras a librarse de la aplicación de una ley declarada inconstitucional en otros casos y en beneficio individual de otros agraviados? ¿O confirmar el abyecto aniquilamiento de la tutela judicial efectiva en materia fiscal?

¿Por qué desandar lo bien andado y legalizar lo equivocado? ¿Por qué esa tendencia a lo decadente, improduc- tivo, injusto e inequitativo? ¿Por qué esta falta de fuelle democrático? ¿Por qué, al menos, no se concede la opor- tunidad de replicar y discutir desde atalayas plurales? ¿Por qué se cierra el Parlamento? ¿Qué es lo que se pretende esconder? Los tiempos de derechos, ¿se permutan por tiempos de silenciamiento? Y, pregunta más importante aún:

¿lo vamos a permitir como foro supuestamente organizado y tutelar del Estado constitucional de Derecho u opta- remos por dejar en el desamparo a la sociedad mexicana?

Unión y Defensa

Conocemos el desenlace: no sólo Moctezuma sino Zuangua (y su sucesor como canzonci, Tangáxoan) sucumbie-ron a la invasión castellana y murieron en poder de Hernán Cortés y del terrible Beltrán Nuño de Guzmán.

La deplorable admonición nos ha enviado un mensaje claro desde hace cinco centurias: cada que hemos privile-giado la desunión, el egoísmo y la polarización hemos fracasado en la defensa de nuestra domus.

En efecto, no fue sino hasta que los mexicanos nos pusimos de acuerdo para terminar esa auténtica guerra civil que fue la guerra de Independencia que consumamos la emancipación en 1821.  
Trescientos años antes, el 13 de agosto, día de San Hipólito, cayó la gran México-Tenochtitlán tras el asedio de Cortés y sus huestes aliadas. Por ello es que el primer templo de la ciudad hispánica, que ahora se ve repleto de fieles de San Judas Tadeo los días 28 de cada mes, lleva el nombre del soldado romano, mártir del cristianismo.

Cada 13 de agosto, entre 1522 y 1820, se recordó la erección de la nueva ciudad sobre los restos de la gran metrópoli mexica, que al caer estaba a punto de cumplir sus primeros doscientos años.  El alférez real de la muy noble y leal ciudad paseaba el pendón de Hernán Cortés, y algún orador ad hoc (fray Servando Mier fue uno de ellos en la última década del siglo XVIII) recordaba los hechos e hitos no sólo de castellanos, andaluces y extremeños, sino de mexicas, tlaxcaltecas, tlatelolcas y tecpanecas.  

En el fondo, más que recordar triunfos o lamentar derrotas, lo que se conmemoraba cada 13 de agosto era el resurgimiento de la ciudad llamada a integrarnos a todas y a todos en torno al apasionante proyecto que se llamó, y se sigue llamando, “México”.

El 13 de agosto de 1847 la Ciudad no estaba para celebrar nada. Un nuevo invasor aprovechaba nuestra desunión y se anunciaba por entre las lomas de Padierna y las ciénagas de Churubusco. Carlos María de Bustamante lo intuyó con perfección al titular su crónica de aquellos aciagos días El nuevo Bernal Díaz del Castillo. 

Xicoténcatl, el apellido del coronel que, descendiendo del gran príncipe tlaxcalteca, se cubrió de gloria como el soldado Hipólito, sólo que en Chapultepec y al frente de un batallón de la nación mexicana, el de San Blas, debería hacernos reflexionar en torno a la importancia de permanecer unidos en las cuestiones fundamentales, robustecidos frente a las amenazas externas y decididos frente a las mafias internas. En efecto, un nuevo Bernal Díaz nos sub-rayaría ahora que son los ingratos polkos y los traidores que brindan en el Desierto, mucho más que las bravatas extranjeras y las discusiones interiores -muchas de ellas válidas pero que en cuestiones de Estado requieren unidad en la conciencia y en la buena fe- los que ponen en riesgo la integridad y la dignidad de la Patria.

Tendamos todas las manos que sea posible juntar para pactar, en las cuestiones de Estado, que hemos de estar unidos, alertas y propositivos. Lamentemos como propias y comunes las desgracias que enfrentan las profesoras jubiladas secuestradas y asesinadas, los pequeños utilizados y ejecutados como garantías prendarias de créditos ilegítimos, la  gente que carece de justicia independiente y eficaz, los niños que mueren de cáncer todos los años porque se les quitó la ayuda y nuestros migrantes descalificados y perseguidos como delincuentes: el pueblo que sufre dentro y fuera de la casa común.

326 años y un mes después de la caída de México-Tenochtitlán, el 13 de septiembre de 1847, cayó México-Chapultepec en manos de un ejército extranjero. No permitamos que vuelva a pasar.  No consintamos jamás que un mexicano vuelva a decirle a otro, indolente e insolidario, “que cada quien cargue con sus muertos”. 

¿Autoritarismo legalizado?

El paquete legislativo discutido en el más reciente período extraordinario del Congreso marca un punto de inflexión en la historia institucional de México. Según sus detractores, lejos de fortalecer el Estado constitucional, fundizado la centralización del poder, debilitado los contrapesos democráticos y allanado el camino hacia un modelo de vigilancia estatal sin precedentes.

Entre los cambios que más han alarmado se encuentra la Ley del Sistema de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, conocida como “Ley Espía” en conjunto con otros ordenamientos. Esta norma introduce definiciones imprecisas que amplían sin control las atribuciones del Estado en materia de  inteligencia. Gracias a ella, las autoridades podrán tener acceso ilimitado a bases de datos y a geolocalización sin necesidad de autorización judicial. Organizaciones civiles, legisladores y expertos han advertido sobre la amenaza directa que esta medida representa ara los derechos fundamentales de la ciudadanía.

A esto se suma el establecimiento de una nueva CURP que incorpora datos biométricos y que será obligatoria para realizar prácticamente cualquier trámite. Esta herramienta de control, cuyas bases de datos podrían incluso compartirse con gobiernos extranjeros, surge justo cuando ha sido disuelto el INAI, el organismo encargado de proteger la privacidad de la información personal. Sin ese resguardo constitucional, la información de millones de personas queda expuesta.

Paralelamente, se han aprobado reformas en materia de desaparición forzada sin tomar en cuenta a los colectivos de búsqueda, los que han denunciado el intento del Estado por maquillar cifras mediante la declaración anticipada de muerte o ausencia de personas cuyo paradero sigue siendo desconocido. En lugar de reforzar la capacidad forense o garantizar la participación de las víctimas, se consolida un modelo de control y opacidad. De igual forma, se disolvió el CONEVAL, trasladando sus funciones al INEGI, lo que ha sido interpretado como un golpe a la evaluación independiente de las políticas sociales, especialmente aquellas dirigidas a medir la pobreza y la desigualdad.

En el plano judicial, el panorama no es más alentador. La reciente renovación de la Suprema Corte de Justicia ha estado rodeada de sospechas sobre su futura legitimidad e independencia. La elección de nuevos ministros ha sido duramente criticada, y el Tribunal Electoral, en lugar de actuar como árbitro imparcial, ha contribuido a validar un proceso señalado por irregularidades y presiones políticas. Se cierne sobre el país la amenaza de una reforma electoral que centralice aún más los controles sobre instituciones de antaña autonomía.

La procuración de Justicia arrastra también profundos cuestionamientos. La investigación sobre los presuntos sobornos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para adquirir el software espía Pegasus —cuya única consecuencia judicial ha sido una resolución sin condenados, la del caso Aristegui— confirma que se investiga sin capacidad institucional y se espía sin deslinde efectivo de responsabilidades.

Lo que hoy está en juego no es sólo la autonomía de las instituciones, sino la posibilidad misma de una vida democrática. En medio de ello, una buena noticia recorre el Continente: el nombramiento de la cubana Rosa María Payá, de larga tradición, incluso familiar, de combate a un terrible autoritarismo de base supuesta y entrecomilladamente legal. Que sea para el bien de toda nuestra América.